El Congreso debatirá en febrero una reforma de la Ley de Glaciares, mientras algunas provincias avanzan con habilitaciones clave.
La ley vigente, sancionada en 2010, protege glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce que abastecen a millones de personas en zonas áridas. La reforma oficial busca reemplazar prohibiciones automáticas por evaluaciones caso por caso a cargo de las provincias. El Ejecutivo sostiene que así se dará “seguridad jurídica” y reglas claras; ambientalistas advierten que se debilita una norma central y se abre la puerta a actividades hoy vedadas.
El giro ya se refleja en Mendoza, donde la Legislatura aprobó la primera declaración de impacto ambiental para un proyecto de cobre tras 14 años de bloqueo social. La decisión reactivó protestas que alertan por riesgos de contaminación y por la escasez de agua. Para los movimientos ambientales, se trata de un retroceso en una provincia históricamente movilizada contra la megaminería.
En el sur, Tierra del Fuego habilitó por un voto la salmonicultura. Defensores señalan que existen tecnologías de bajo impacto si hay controles estrictos, mientras los críticos dudan de la capacidad estatal para fiscalizarlos y temen daños a un ecosistema único.
Más de 30 organizaciones —entre ellas Greenpeace— reclamaron no retroceder en un contexto de sequías y retroceso glaciar por el cambio climático. El debate cruza empleo e inversiones con derechos ambientales y acceso al agua. Argentina discute hasta dónde correr los límites en nombre del crecimiento.
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